Educación para la ciudadanía

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Autor: José Ignacio Varela González,
director del Centro de Cultura Teológica de Guadalajara

Una frase reciente y que causó impacto en los medios de comunicación ha sido ésta: “ninguna fe o creencia puede imponerse a las leyes”. La frase no era arbitraria tenía que ver con la asignatura de educación para la ciudadanía. La provocó el lógico debate que, en la opinión pública, suscitó la implantación obligatoria de esta materia en los planes de estudio. ¿Hay personas que no estamos de acuerdo con los contenidos de esta asignatura? Sí, muchas, muchísimas; y es natural que manifestemos las razones por las que no estamos de acuerdo. Pero esto no me parece motivo suficiente para que nadie se ponga nervioso y suelte una frase de ese estilo, entre otras cosas porque la fe no se ‘impone’, como las leyes civiles; se ‘propone’: como se propone una buena oferta. Sin embargo, hay otras posturas que tratan de imponer una ‘nueva fe’ basada en el relativismo o en la ideología de género como se desprende del programa de la nueva asignatura.

Niños en una escuela en la República Dominicana

Este desacuerdo obliga más bien -en mi opinión- a un nuevo estudio de los contenidos que debe tener esa asignatura. Asignatura que ya está incluida en los planes de estudio de 16 países europeos. La cuestión está en que en Europa los contenidos que se enseñan versan sobre instituciones democráticas, derecho constitucional, derechos humanos y participación social; y la singularidad de España es el contenido moral e ideológico que tiene.

En concreto, se advierte en ella una dimensión explícitamente moral que enseña criterios éticos y personales. ¿El Estado puede hacer esto? Más bien, no: lesiona gravemente el derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela -en colaboración con ellos- a elegir la formación moral que deseen para sus hijos. Derecho -por otra parte- amparado por la Constitución de 1978 (si no hubo otra después, es la que está vigente) que, en su artículo 27, 3, dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Personalmente me parece clarividente el contenido de este artículo de la Constitución.

Un segundo cuerpo de contenidos de la nueva signatura instruye a los alumnos en el derecho vigente como referencia ética para su vida, que es tanto como decirles: vuestra referencia ética ha de ser lo que diga la mayoría política del momento. Un ejemplo de esto -hablando del derecho vigente- puede ser la ley que equipara las uniones homosexuales con el matrimonio tal como siempre lo hemos entendido, como fue concebido desde sus orígenes. Con esta ley aprobada en el Parlamento -y esto es lo que se enseña- la familia queda diluida en formas no aceptables por el simple sentido común. Lo que éste entiende es que es la complementariedad y asimetría hombre-mujer la que da su modelo a la distinción paterno y materno de la filiación: lo que es la familia.

En tercer lugar aparece diseminada en esta asignatura la terminología propia de la ideología de género: se diluye la diferencia de sexos como algo convencionalmente atribuido por la sociedad. Así cada uno puede inventarse a sí mismo.

Además de todo esto que se refiere a la nueva asignatura que se está implantando, es bueno recordar al legislador que una ley es una regla de conducta promulgada por la autoridad competente para el bien común. Y como el bien común afecta a la vida de todos, exige prudencia por parte de cada uno y más aún por parte de aquellos que ejercen la autoridad. El bien común está muy por encima de cualquier ideología. Por eso no se puede atribuir a la fe o a creencia religiosa alguna la ‘polvareda’ que se ha levantado con la implantación de esta asignatura. Debe llevar más bien al diálogo hasta converger en aquellos aspectos que son -comúnmente- aceptados por todos.